En la capital parisina hay más de 7.000 toneladas de desperdicios sin recoger en sus aceras y está generando problemas de salubridad. Aunque el paro sólo afecta a la mitad de sus veinte distritos, en las zonas afectadas ya está habiendo una proliferación de ratas.

La huelga de basureros afecta también a varias ciudades grandes (Nantes, Rennes y Niza) y medianas (Montpellier, Le Havre, Saint-Brieuc y Vallauris), pero es en París donde ha tomado más protagonismo debido a sus evidentes ramificaciones políticas.

Reproches cruzados entre los políticos
La alcaldesa de la capital, la socialista Anne Hidalgo, ha sido blanco repetido de las críticas de miembros del Gobierno, que le reprochan estar favoreciendo que la situación se pudra al no recurrir a empresas privadas para retirar las basuras ante el paro de los trabajadores municipales, responsables de la tarea en diez de los veinte distritos de la ciudad.

"Es la misma Anne Hidalgo la que hace huelga. No hace nada, y en una situación como ésta, no se puede no hacer nada", ha denunciado el ministro de Transportes, Clément Beaune, que aparece como uno de los pretendientes a la alcaldía en la próxima elección.

Las aceras de amplias áreas de la capital francesa están atestadas de basuras acumuladas, a fin de que no interfieran con la circulación, entre voces contrapuestas de ciudadanos que entienden la protesta y de otros que critican su impacto en la vida diaria.

"La situación es deplorable", ha reconocido esta tarde el primer teniente de alcalde de París, Emmanuel Grégoire, quien ha responsabilizado al Gobierno por "hacer oídos sordos a un frente sindical histórico" y a la mayoría de la población, que rechaza la reforma de las pensiones según las encuestas.

"Somos víctimas de la cabezonería del Gobierno", ha insistido Grégoire en una rueda de prensa, en la que ha señalado de forma reiterada al Ejecutivo por su "incapacidad para encontrar una solución" a las protestas, y ha destacado que a pesar de la huelga en los últimos diez días se han recogido 23.000 toneladas de basuras en la ciudad.
La reforma de las pensiones entra en la recta final
A la de los servicios de basuras se van a añadir otras huelgas el miércoles, como los de una parte de los controladores aéreos que van a obligar a suprimir un 20 % de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly, coincidiendo con la recta final del proceso parlamentario para aprobar la reforma de las pensiones, que cada vez se presenta más compleja para el Gobierno.

Este miércoles, que es también la octava jornada de manifestaciones sindicales, se reúne la comisión paritaria Asamblea Nacional-Senado (formada por siete parlamentarios de cada cámara) que debe acordar un texto común.

La presidenta de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivot, ha rechazado que ese debate sea emitido por televisión, tal como había pedido la oposición de izquierda para que los ciudadanos pudieran ver en directo la posición de cada uno de los miembros de esa comisión.

El texto que salga de allí (hay seis miembros de partidos del bloque macronista y cuatro del conservador Los Republicanos, LR, que en este asunto se ha aliado con el Gobierno) será luego sometido a debate y votación en las dos cámaras el jueves. 

Los sindicatos franceses movilizan a cientos de miles de personas contra la reforma de las pensiones de Macron

Estas sesiones se presentan muy tormentosas y bajo presión, ya que los líderes de los principales sindicatos han anunciado que se manifestarán ante la sede de la Asamblea Nacional.

Además, a pesar de que el bloque macronista y LR suman la mayoría absoluta en las dos cámaras (287 en la Asamblea), un número apreciable de sus legisladores no han garantizado aún su voto favorable, lo que pone en peligro el éxito de la votación.

Según los cálculos de los medios franceses, sólo hay unos 281 diputados en favor de la reforma, pero la primera ministra, Elisabeth Borne, ha asegurado que "la mayoría existe", aunque por si acaso ha lanzado un mensaje a los indecisos para decirles que el voto afirmativo a la reforma "no supone un apoyo al Gobierno".

En esas circunstancias inciertas, el Ejecutivo no descarta volver a recurrir al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que le permite aprobar textos sin votación, pero que puede generar un coste político muy grande para Macron y para su movimiento.

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